El fiscal mantiene la petición de 9 años de inhabilitación para el alcalde y el edil de Urbanismo por presunta prevaricación...
El Ministerio Fiscal, representado por el fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, mantuvo su solicitud una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el regidor redondelano por las supuestas ilegalidades en la contratación de las obras, al considerar que es responsable de un presunto delito de prevaricación, y también pide la misma pena para el concejal de Asuntos Económicos y Urbanismo, Emilio González. En este sentido recordó que un informe del interventor advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho, y que se acudió a una contratación verbal, que está prohibida por la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
El Ministerio Fiscal, representado por el fiscal jefe de la provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, mantuvo su solicitud una condena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el regidor redondelano por las supuestas ilegalidades en la contratación de las obras, al considerar que es responsable de un presunto delito de prevaricación, y también pide la misma pena para el concejal de Asuntos Económicos y Urbanismo, Emilio González. En este sentido recordó que un informe del interventor advertía de que los gastos aprobados para esos trabajos eran ilegales y nulos de pleno derecho, y que se acudió a una contratación verbal, que está prohibida por la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.
La Fiscalía mantuvo que existió un delito de prevaricación puesto que se realizó un "trámite irregular y perjudicial para los ciudadanos" de Redondela, al no haberse obtenido el mejor precio en la contratación de la obra relativa al cambio de tuberías, puesto que no hubo concurso y, por tanto, tampoco concurrencia de distintas ofertas.Para el Ministerio Fiscal, la actuación del alcalde no buscaba un beneficio económico –"es evidente que no se quedó con dinero", dijo–, pero sí electoral con el objetivo de "perpetuarse" en el poder después de 30 años de gobierno. En este sentido, incidió en que la decisión tomada en lo que respecta a las obras del saneamiento se enmarcaba en la ilegalidad y que ello fue hecho a sabiendas.
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